El Tercer Pleno del XX Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), que concluyó recientemente, no produjo grandes sorpresas ni cambios inesperados en las políticas. Más bien, el cónclave fue, en su mayor parte, un ejercicio de reiteración de las prioridades políticas anunciadas en los últimos tres años, entre ellas, la canalización de recursos de sectores altamente apalancados e improductivos, como el inmobiliario, hacia las industrias del futuro (“nuevas fuerzas productivas de calidad”, en el lenguaje del PCCh); la promoción de la innovación y la autosuficiencia en las industrias de alta tecnología; la reducción de la carga de la deuda de los gobiernos locales; y, de manera más sutil, la priorización de la seguridad nacional y la prosperidad común por sobre el crecimiento del PIB a corto plazo.
Los analistas que esperaban que el Tercer Pleno ofreciera un gran estímulo fiscal para impulsar la demanda interna, medidas para rescatar al atribulado sector inmobiliario o reformas del hukou y de la seguridad social para aumentar la participación del consumo interno, se sintieron decepcionados. A pesar de las pruebas más que suficientes de que la desaceleración actual de China se debe a una demanda insuficiente, un elevado nivel de ahorro, una deflación por deuda y una caída de los precios inmobiliarios y de las inversiones, brillaron por su ausencia medidas concretas para apuntalar la confianza de los inversores y aumentar el consumo de los hogares como proporción del PIB.
Esto indica que existe un desajuste entre lo que la economía china necesita para recuperarse rápidamente y lo que las autoridades están dispuestas a ofrecer. ¿Entienden las autoridades chinas las amenazas a corto plazo que enfrenta la economía y lo que se necesita para impulsar una recuperación?
En cierto sentido, es comprensible su renuencia a impulsar la economía china. Es posible que las autoridades chinas no hayan previsto que su ofensiva contra el mercado inmobiliario induciría la caída pronunciada y prolongada de los precios inmobiliarios y las inversiones que produjo en los últimos tres años, pero pueden argumentar que, no obstante, ha producido los resultados deseados: desapalancamiento, viviendas más asequibles y el fin de un auge inmobiliario de décadas de duración, alimentado por la deuda y que era claramente insostenible.
Las autoridades chinas también pueden considerar que el desinflado mercado inmobiliario es un precio necesario que pagar para catalizar una reasignación de recursos a los sectores más productivos de la economía (industria manufacturera avanzada, equipos e infraestructura para energías renovables e industrias que producen o utilizan inteligencia artificial). Además, la economía sigue creciendo a un ritmo cercano al 5%, el crecimiento de las exportaciones es positivo, el desempleo (especialmente el juvenil) parece haberse estabilizado y los precios de las propiedades podrían tocar fondo pronto.
Los dirigentes chinos bien podrían concluir que no sólo no es necesario impulsar la demanda interna mediante estímulos fiscales o monetarios ni rescatar al debilitado sector inmobiliario, sino que hacerlo desharía el progreso que han logrado en la corrección de los desequilibrios económicos y los crecientes niveles de deuda que han plagado la economía china en los últimos 15 años.
Los responsables de las políticas económicas de China probablemente crean que lo que necesita la economía no es un estímulo de corto plazo, sino un cambio de largo plazo hacia las industrias y tecnologías del futuro. Tal intención política puede ser correcta y deseable, pero la pregunta clave es si los medios e instrumentos de política que se utilicen producirán los resultados previstos. El hecho de que las autoridades tengan la intención política correcta no significa automáticamente que vayan a utilizar los instrumentos o medios de política adecuados para lograrla.
Hay al menos tres razones para dudar de que los medios que se emplean actualmente produzcan los resultados deseados. La primera es que detrás de la tendencia hacia las “nuevas fuerzas productivas de calidad” está la creencia de que la oferta crea su propia demanda y que el aumento de la producción (naturalmente) aumenta el consumo. Esta suposición es bastante sospechosa; la relación causal probablemente sea la contraria.
Sea como fuere, la consideración inadecuada de dónde provendrá la demanda para todo el suministro adicional ya está produciendo consecuencias bastante predecibles pero no deseadas: caída de los precios de los vehículos eléctricos y de los paneles solares a nivel mundial, caída de los precios al productor y la amenaza de deflación en China, y una reacción violenta en gran parte del mundo desarrollado a medida que los superávits comerciales de China se inflan.
Las autoridades chinas también deberían recordar que la competitividad exportadora puede coexistir fácilmente con el estancamiento interno. Durante las décadas perdidas de Japón, por ejemplo, sus fabricantes exportadores seguían siendo competitivos a nivel mundial. El problema de Japón nunca fue el de sostener el crecimiento de las exportaciones, sino que su estancamiento se debió a una débil demanda interna, el desapalancamiento de la deuda, la deflación y el lento crecimiento de los ingresos de los hogares, todos problemas que hoy afectan a la economía china.
En resumen, aunque los fabricantes chinos sean altamente competitivos y el crecimiento de las exportaciones del país siga siendo fuerte, esto no es suficiente para compensar la débil demanda interna. Este riesgo se ve amplificado por las fuerzas que impulsan el desacoplamiento, algo con lo que Japón no tuvo que lidiar.
La segunda falacia que cometen los responsables de las políticas chinas es que su enfoque de ingeniería social y dominado por el Estado para la política industrial seguirá funcionando tan bien como en el pasado. Si bien la focalización industrial y los subsidios funcionaron bien cuando China intentaba recuperar terreno en el sector manufacturero, es poco probable que funcionen tan bien cuando la economía está cerca de la frontera tecnológica o ya la ha alcanzado. La política industrial también es más eficaz si se combina con la competencia de mercado para eliminar a los perdedores (es decir, las empresas no competitivas), en lugar de depender de los subsidios para apuntalar a las empresas que de otro modo no sobrevivirían.
La economía china también se ha vuelto mucho más compleja en la última década; ahora es mucho menos evidente qué tecnologías, industrias o empresas tienen más probabilidades de ser las ganadoras en el futuro. Esto no quiere decir que la política industrial esté condenada al fracaso o que las autoridades siempre elegirán a los caballos equivocados, pero sí significa que el riesgo de errores costosos en materia de políticas es mayor. También implica que las autoridades industriales deben estar muy atentas a las señales del mercado, reducir las pérdidas rápidamente y hacer correcciones a mitad de camino. Pero en un entorno de políticas que se ha vuelto menos tolerante a la experimentación y al aprendizaje de los errores, y más impulsado por dictados desde arriba, uno duda de que las políticas industriales en China sean tan adaptables y flexibles como lo fueron antes.
El tercer riesgo es que, cuando las políticas están impulsadas por directivas ideológicas desde arriba, en lugar de por señales del mercado, tienden a oscilar de un extremo a otro. Por ejemplo, hasta 2020, la política china hacia la industria de Internet para el consumo (por ejemplo, comercio electrónico, juegos, financiación al consumo) fue en gran medida acomodaticia, si no muy favorable, a pesar de que ya existían problemas bien conocidos con la industria. De repente, a fines de 2020, los reguladores chinos recibieron la señal desde arriba de que el crecimiento del sector debía ser limitado. Se produjo una dura ofensiva regulatoria, que dio como resultado una industria que desde entonces ha perdido más del 60 por ciento de su capitalización de mercado y no muestra señales de recuperación.
Lo mismo puede decirse de la forma en que la estrategia de China para hacer frente a la pandemia de COVID-19 pasó de una contención excesiva a un levantamiento repentino y abrupto de todas las medidas de control de la pandemia. Este cambio repentino no sólo no supuso un gran impulso para la economía, sino que probablemente traumatizó a los consumidores chinos y aumentó el ahorro precautorio. En consecuencia, China nunca tuvo el repunte pos-COVID que tuvieron casi todas las demás grandes economías.
En un entorno en el que los shocks que enfrenta el sector privado son generados no sólo por el mercado, sino también por las señales contradictorias del Estado y los cambios repentinos de política, a los agentes –empresas y hogares– les resulta difícil planificar e invertir a largo plazo. La consecuencia es una economía en la que el espíritu animal de los inversores sigue deprimido, la confianza de los consumidores es débil y los shocks pequeños y las malas noticias se amplifican con demasiada facilidad.
En lugar de proteger la economía de los shocks externos y reforzar su flexibilidad y resiliencia, un gobierno más orientado ideológicamente y obsesionado con la seguridad puede estar causando incertidumbre y volatilidad y retrasando su recuperación.
