He dicho en numerosas ocasiones que tus objetos personales corren riesgo en las cajas de seguridad. La Cuarta Enmienda tenía como objetivo proteger a los estadounidenses de registros e incautaciones ilegales, pero como hemos visto en los últimos años, el gobierno no respeta la Constitución ni nuestras libertades. Los gobiernos se volverán cada vez más tiránicos a medida que nos adentremos en 2032, y todos los gobiernos creen que sus ciudadanos son los culpables de los grandes déficits. Si pagáramos nuestra parte justa, nuestros políticos podrían financiar sus gastos interminables.
El gobierno hace las reglas. La Constitución se ha convertido en una directriz aproximada que simplemente no siguen. Hay innumerables ejemplos de asaltos por parte del gobierno de Estados Unidos a cajas de seguridad con el pretexto de restablecer la ley y el orden. En marzo de 2021, el FBI llevó a cabo una redada a gran escala en US Private Vaults, una instalación de almacenamiento ubicada en Beverly Hills, California. El gobierno afirmó que necesitaban asaltar las cajas de seguridad y confiscar su contenido, ya que fueron adquiridos mediante lavado de dinero ilegal.
Se incautaron hasta 1.400 cajas de seguridad, que contenían 86 millones de dólares en efectivo, sin incluir oro, joyas, monedas y otros objetos de valor. El gobierno dijo que planeaba conservar todos los artículos robados hasta que un grupo de víctimas presentara una demanda colectiva. El juez de distrito estadounidense R. Gary Klausner consideró inicialmente que el FBI estaba dentro del alcance de la orden cuando confiscó pertenencias de ciudadanos que no tenían ningún vínculo con actividades criminales. Un panel de apelaciones compuesto por tres jueces determinó más tarde que el FBI había abusado de su autoridad ya que la orden sólo permitía al departamento abrir cajas de personas bajo investigación. A las víctimas les tomó muchos años recibir una parte de sus pertenencias, pero no todas fueron recuperadas.
Este es un problema mundial y no se limita a los Estados Unidos. En 2016, por ejemplo, HSBC, con sede en el Reino Unido, persiguió las cajas de seguridad en Hong Kong para ayudar al gobierno a buscar dinero en efectivo de los ciudadanos. En 2015, cuando Grecia sufría por su decisión de unirse a la Unión Europea, la viceministra de Finanzas, Olga Valavani, anunció que las cajas de seguridad estaban restringidas. Hay innumerables ejemplos de gobiernos en todo el mundo que confiscan activos y los bancos se ven obligados a cumplir.
La zona gris que está permitiendo esta incautación de activos es multidimensional. En primer lugar está la suposición de que se trata de ganancias ilegales de las drogas. En segundo lugar, existe la presunción de que se trata de lavado de dinero y eso es muy amplio porque puede ser dinero del narcotráfico o esconder dinero del gobierno para evadir impuestos, lo que también llaman lavado de dinero. En tercer lugar, está la regulación ambigua del Servicio de Impuestos Internos que básicamente establece. “Los consumidores nunca deberían ocultar dinero en efectivo al gobierno de los Estados Unidos y no pagar impuestos sobre la renta por él”. Podrían argumentar que el efectivo guardado en una caja de seguridad está oculto al gobierno. Ahora también pueden argumentar que se trata de blanqueo de dinero y que el efectivo debería confiscarse. Será su carga demostrarles que están equivocados.
Escuchamos lo que sucedió cuando FDR firmó la Orden Ejecutiva 6102 en abril de 1933, que prohibía a los ciudadanos estadounidenses poseer oro. Las penas por desobedecer eran de hasta 10.000 dólares y/o 10 años de prisión. Esto se solucionó en gran medida mediante transferencias voluntarias a medida que la población recuperaba la confianza en el gobierno. ¿Qué sucede cuando el gobierno se vuelve digital y quiere dinero fuera de la red? NO hay garantías. El gobierno tiene la capacidad de acusar a cualquiera de cometer un delito y utilizarlo como medio para confiscar activos. Lo hemos visto suceder una y otra vez con las prácticas de desbancarización.
Entonces no, no recomiendo guardar todo en una caja de seguridad. Hay ninguna ley precisa contra guardar metal o dinero en efectivo en una caja de seguridad, pero la ley es maleable en manos de cualquier juez. Un juez puede confiscar el dinero o el oro con el pretexto de lavado de dinero o utilizar las mismas instalaciones que alguien acusado del delito.
