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Las reformas económicas emblemáticas del presidente argentino Javier Milei entraron en vigor el lunes, introduciendo privatizaciones, protecciones laborales relajadas e incentivos para impulsar la inversión en un país que lucha contra décadas de declive.
El paquete de reformas fue promulgado después de meses de debate y violentas protestas contra el proyecto de ley, en medio de una dura recesión y duras medidas de austeridad que han golpeado duramente a los argentinos.
El presidente autodeclarado “anarcocapitalista” ahora tiene luz verde para declarar un estado de emergencia económica por un año, disolver agencias federales y privatizar alrededor de una docena de empresas públicas.
Otras medidas tienen como objetivo debilitar las protecciones laborales, algo que los opositores de izquierdas critican porque lo consideran una licencia para despedir a los trabajadores.
Las disposiciones también prevén incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para incentivar la inversión en el país afectado por la crisis económica.
El gobierno de Milei ha aplicado un programa de austeridad fiscal drástico y total, con el objetivo de lograr un “déficit presupuestario cero” a finales de 2024 para controlar la inflación crónica.
Pero los recortes presupuestarios, incluida la paralización de las obras públicas, sumados a una brutal devaluación del peso en más de la mitad en diciembre, han estrangulado el poder adquisitivo.
El Fondo Monetario Internacional espera que la economía argentina se contraiga un 3,5 por ciento este año.
Milei, un outsider apasionado, asumió el cargo en diciembre después de llegar al poder en medio de una ola de profundo descontento con los partidos tradicionales, incapaces de frenar el gasto gubernamental y la creciente inflación.
La inflación mensual se encuentra ahora en su punto más bajo en dos años y medio, impulsada por una caída del consumo a medida que la economía se desploma.
Este martes, Milei ha llamado a todas las fuerzas políticas a firmar un pacto de 10 puntos para un “nuevo orden económico” en Argentina, coincidiendo con la celebración del día de la independencia del país.
El pacto incluye un compromiso con un “equilibrio fiscal no negociable”, una fuerte reducción del gasto público, una nueva discusión sobre la repartición de impuestos federales, reformas laborales modernas y apertura al mercado internacional.
Varios gobernadores y expresidentes han dicho que no asistirán. Miembros de la Corte Suprema y legisladores de la oposición tampoco tienen previsto firmar.
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