En una comunicación interna fechada el 30 de octubre, el ministerio dijo: “La adaptabilidad del Código a los paisajes empresariales en evolución garantiza que siga siendo dinámico y receptivo, mientras que su perfeccionamiento continuo será esencial para abordar eficazmente los desafíos futuros en la gestión de la insolvencia y la reestructuración corporativa”.
La comunicación a las partes interesadas se produce antes del plan del gobierno de introducir una serie de enmiendas al IBC en la sesión de invierno del Parlamento, probablemente en diciembre.
El gobierno podría introducir un marco de resolución liderado por los acreedores y un mecanismo de insolvencia grupal bajo el IBC, como parte de los cambios, informó ET.
Desde su implementación en 2016, la ley de insolvencia ha sido modificada media docena de veces, incorporando los cambios necesarios para responder a los problemas emergentes en torno a la resolución de quiebras corporativas y mejorar la arquitectura inicial.
La ley fue modificada por última vez en agosto de 2020 para introducir, entre otras cosas, un proceso de solución de quiebras compacto y en gran medida informal, conocido como mecanismo preempaquetado, para acelerar el rescate de micro, pequeñas y medianas empresas en dificultades.'La moratoria en IBC es crucial'
La comunicación también destaca la importancia de la moratoria del IBC, un período en el que no se pueden iniciar ni continuar procedimientos judiciales de recuperación, venta o transferencia de activos, o de terminación de contratos esenciales contra la empresa en quiebra. La moratoria, afirmó el ministerio, desempeña “un papel crucial a la hora de equilibrar la protección de las empresas en dificultades financieras con los intereses de los acreedores, reguladores y otras partes interesadas”.
“Al detener las acciones legales y preservar los activos, apoya esfuerzos genuinos de recuperación y negociación”, añadió.
Hasta ahora, el gobierno ha modificado la norma de moratoria dos veces. En junio de 2023, eximió del requisito de moratoria los contratos de producción y participación en los ingresos, las licencias de exploración y los arrendamientos mineros de empresas petroleras insolventes.
