Las restricciones atentan contra los derechos fundamentales de los exportadores y son incompatibles con la Política de Comercio Exterior 2023, afirmaron. Las notificaciones socavan las expectativas comerciales legítimas y el interés público, y las restricciones de la DGFT son discriminatorias y carecen de fundamento jurídico adecuado, según ellos.
Abhishek A. Rastogi, en representación de los exportadores, destacó que los tribunales deben garantizar que la prohibición de las exportaciones sea justa y justificada.
“Los tribunales examinarán si las restricciones son razonables, especialmente para contratos en los que los exportadores ya habían hecho acuerdos, recibido pagos y enviado arroz”, dijo.
Rastogi también expresó su preocupación sobre cómo la prohibición podría afectar las relaciones comerciales internacionales, señalando que algunos exportadores habían recibido anticipos antes de la prohibición, lo que podría dañar sus vínculos comerciales a largo plazo.
