Por Nate Raymond
(Reuters) – Un juez estadounidense bloqueó el jueves temporalmente la implementación del último plan de condonación de la deuda estudiantil por parte del gobierno del presidente Joe Biden, pocos días después de que siete estados liderados por republicanos presentaran una demanda para detenerlo.
El juez federal de distrito J. Randal Hall en Augusta, Georgia, dijo que los estados habían establecido la probabilidad de probar que el Departamento de Educación carecía de autoridad para cancelar préstamos estudiantiles bajo el plan, algo que los estados alegaron que estaba a punto de hacer.
“Esto es especialmente cierto a la luz de los recientes fallos en todo el país que anularon planes similares de condonación de préstamos estudiantiles federales”, escribió Hall, designado por el ex presidente republicano George W. Bush.
Hall emitió una orden de restricción temporal después de que los fiscales generales estatales republicanos demandaran el martes por una norma que el Departamento de Educación propuso en abril que le permitiría proporcionar alivio total o parcial de la deuda a ciertos tipos de prestatarios.
La norma, que según documentos judiciales afectaría a unos 27,6 millones de prestatarios, aún no se ha ultimado.
Pero los fiscales generales del estado dijeron que habían obtenido documentos que mostraban que el departamento había ordenado a los administradores de préstamos federales que comenzaran a cancelar préstamos bajo la política tan pronto como esta semana, lo que potencialmente resultaría en lo que dijeron sería la condonación ilegal de $73 mil millones en deuda de la noche a la mañana.
Los estados, encabezados por Missouri, dijeron que el Departamento de Educación no tiene autoridad para implementar esa condonación de deuda. La administración ha estimado el costo de la política en 146.900 millones de dólares, mientras que los estados estiman que el costo asciende a cientos de miles de millones de dólares.
Hall dijo que decidió emitir “apresuradamente” la orden de pausar la política en espera de una audiencia el 18 de septiembre para preservar el status quo.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que estaba totalmente en desacuerdo con el fallo, calificándolo de “una extralimitación basada en afirmaciones falsas impulsadas por funcionarios electos republicanos”.
Los republicanos se oponen al costo de la condonación de la deuda y argumentan que es injusto obligar a algunos contribuyentes a cubrir los gastos de la educación universitaria de otras personas.
“Hoy es una gran victoria para cada trabajador estadounidense que no tendrá que pagar la deuda de la Ivy League de otros”, dijo el fiscal general de Missouri, el republicano Andrew Bailey, en un comunicado.
Un portavoz del Departamento de Educación dijo que estaba revisando el fallo y agregó que el proyecto de norma en cuestión no se implementaría hasta que estuviera finalizado.
“El departamento está comprometido a apoyar a los prestatarios y luchar por el alivio para aquellos que califican”, dijo el portavoz.
La demanda es el último desafío legal a los esfuerzos del presidente demócrata por cumplir una promesa de campaña y brindar alivio de la deuda a millones de estadounidenses que recurrieron a préstamos estudiantiles federales para financiar su costosa educación superior.
El departamento bajo el mando de Biden ya ha aprobado 169.000 millones de dólares en alivio de la deuda para casi 4,8 millones de personas.
En junio de 2023, los estados liderados por los republicanos convencieron con éxito a la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora de 6-3, para bloquear un programa de 430 mil millones de dólares defendido por Biden que habría cancelado hasta 20.000 dólares de deuda por prestatario para hasta 43 millones de estadounidenses.
Luego, la administración implementó un programa diferente, denominado plan Ahorro para una Educación Valiosa, o SAVE, que fue diseñado para reducir los pagos mensuales de millones de prestatarios y acelerar la condonación de préstamos para algunos.
Pero los estados liderados por republicanos convencieron a un tribunal federal de apelaciones para que bloqueara ese plan mientras el litigio sobre el mismo continúa. El 28 de agosto, la Corte Suprema se negó a levantar esa orden judicial.
