Telegram permite informes de chat privados mientras su fundador defiende la aplicación tras su arresto

Telegram ha actualizado silenciosamente su política para permitir a los usuarios denunciar chats privados a sus moderadores después de Detención del fundador Pavel Durov en Francia el mes pasado por “delitos cometidos por terceros” en la plataforma.

La aplicación de mensajería, que atiende a casi mil millones de usuarios activos mensuales, ha mantenido durante mucho tiempo una reputación de supervisión mínima de las interacciones de los usuarios.

El jueves por la noche, Telegram comenzó a implementar cambios en su política de moderación. “Todas las aplicaciones de Telegram tienen botones de ‘Reportar’ que te permiten señalar contenido ilegal para nuestros moderadores, con solo unos pocos toques”, afirma la compañía en su página actualizada de preguntas frecuentes.

La plataforma también ha proporcionado una dirección de correo electrónico para solicitudes de eliminación automática, instruyendo a los usuarios a incluir enlaces a contenido que requiera la atención del moderador.

No está claro si este cambio afectará la capacidad de Telegram para responder a las solicitudes de las fuerzas del orden y cómo afectará a la capacidad de Telegram para responder a las solicitudes de las fuerzas del orden. La empresa ha cooperado anteriormente con las órdenes judiciales para compartir Alguna información sobre sus usuarios.

TechCrunch se comunicó con Telegram para solicitar comentarios.

Estos cambios de política siguen al arresto de Durov por parte de las autoridades francesas en relación con una investigación sobre delitos relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas.

En respuesta a su arresto, Durov publicó en su canal de Telegram una crítica a la acción: “Usar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que administra es un enfoque equivocado”.

Sostuvo que la práctica establecida para los países insatisfechos con un servicio de Internet es iniciar acciones legales contra el servicio en sí, en lugar de contra su gestión.

Durov advirtió que si los empresarios fueran considerados responsables del posible abuso de sus productos, “ningún innovador construiría jamás nuevas herramientas”.

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